El sector de la construcción atraviesa momentos difíciles por la redeterminación de precios, lo cual ha puesto en vilo a las obras públicas y privadas. En los últimos meses se redujo la fluidez de desembolsos de parte de la Nación y muchos trabajos se ralentizaron, quedando algunos al borde de la paralización. Y bajo ese panorama, como consecuencia de la fuerte inflación, se tensan las relaciones por el reclamo de los obreros del pago del bono de $60.000, entre otras mejoras. Los constructores, en tanto, se manifestaron en contra de la imposición del pago no remunerativo. Plantearon que la Nación debe respetar los acuerdos paritarios y advirtieron que el reclamo complica un escenario adverso.

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, indicó que la imposición del bono sólo genera mayor complejidad en el sector dado que la realidad financiera es dispar. “Desde la Cámara pregonamos al Gobierno que respete los acuerdos paritarios. Es la única forma de negociación colectiva para cuestiones salariales, no hay otra Este tipo de imposición que hace el Ministerio de Economía, que entendemos que tiene fines electorales, lo único que hace es generar una complejidad operativa porque no se adecúa a los contratos de largo plazo como son los nuestros”, dijo a LA GACETA.

El empresario calificó el bono de $60.000 como “compensaciones tardías y discriminatorias” dado que no todas las empresas tienen la misma situación financiera. “Este tipo de medida socialista, de un monto fijo para todos los empresarios, no impacta de igual manera en una empresa grande que en una chica. Afecta también de manera directa al trabajador y a la continuidad del empleo”, manifestó y apeló al diálogo y al consenso con el gremio.

Advertencia

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en Tucumán, David Acosta, anunció medidas de fuerzas a partir de la otra semana si hasta el viernes no se paga el bono y se regulariza al personal de distintas obras. El dirigente remarcó que más de 30 firmas abonaron el refuerzo y cuestionó que se pretenda desconocer una medida que se tomó por DNU. "No es en defensa de nadie, pero el Gobierno está pagando y se están ejecutando las obras. Sin embargo, tenemos barrios donde hay 15 compañeros 'en negro'; para las empresas la variable somos nosotros, y eso se tiene que acabar”, reprochó. Dijo que, de no tener una respuesta favorable, pueden marchar a la plaza Independencia la semana próxima.

Garber, en tanto, insistió con que la exigencia del pago no remunerativo sólo va a complicar más a un sector golpeado, que viene avanzando con muchas piedras en el camino. “Las empresas tucumanas le ponemos el pecho (a la situación), porque en Tucumán no se paró ninguna obra; se ha ralentizado, pero ninguna se paró. Lo único que hace es complejizar un panorama que ya teníamos enrarecido”, dijo.

El presidente de la CTC anticipó que este viernes habrá una reunión a las 11 en la sede de la Cámara, para escuchar la realidad de las empresas. Afirmó que se transmitirá a la Uocra si del encuentro surge alguna propuesta.

Redeterminaciones en mora

Respecto a la situación de la obra pública en general, Garber aseguró que en la provincia no hay obras paralizadas a cargo de firmas tucumanas. Dijo que las que descuidaron los trabajos son las empresas foráneas, “como ha pasado en Lastenia y con la autopista”. De todos modos, reconoció que el Estado les adeuda las redeterminaciones de precios. “Se debe mucho. La variación interanual es del 130%. Si no te pagan las redeterminaciones es inviable. Es el gran problema: que la Nación no envía los fondos en tiempo y forma”, indicó.

Garber mencionó que el lunes mantuvo una reunión con el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, con quien analizó la actualidad del sector, los problemas que atraviesan y los proyectos que están bien encaminados. “Está muy pendiente de nuestro sector y siempre ratifica que para él la obra pública tiene carácter de política de Estado. Prometió que apenas asuma va a ser una recorrida por Benjamín Paz”, aseguró.

Por último, el empresario de la firma Gama expresó que existe “honda preocupación” en la Cámara porque -dijo- entienden que hay un candidato presidencial que propone eliminar la obra pública. “Eliminar de cuajo es inviable”, dijo. Opinó que se pueden cambiar las formas de trabajo, con contratos de participación público - privada, pero consideró que quitarla completamente sería “totalmente inviable”.